Juanito y las habichuelas mágicas (para algunos también puede ser Jack y los frijoles mágicos) es un cuento de hadas anónimo de origen inglés. En este cuento, un niño y su madre en el bosque; se figuran que la única solución que tienen para poder vivir es vender la vaca que poseen. Con tal fin Jack va con ella hacia la ciudad, pero en el camino se encuentra con un hombre que le ofrece cambiársela por unas habichuelas mágicas. Jack lo acepta, su madre se enoja y al día siguiente, las legumbres habían crecido hasta el cielo. Jack trepa por el árbol hasta llegar a un castillo habitado por un ogro gigante. El niño se enfrenta al gigante y logra hacerse con los fabulosos tesoros que éste tenía, cortó el tronco de las habichuelas, y así se solventaron sus penurias.
Podriamos decir que Juanito es el proyecto que gobernó hasta el 10 de diciembre de 2015 y que el Ogro es Clarín; que la vaca es el campo y los frijoles la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y a partir de aquí saltamos de la ficción a la realidad, donde el Estado -en la piel de Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones- defiende al gigante y no el bienestar de Juanito y su madre.
Desde mediados del 2008 y hasta el 10 de octubre de 2009, fecha de aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se llevaron adelante distintos encuentros en todo el país para aportar a la construcción de dicha ley. Participaba quien quería, claro, y muchos de los legisladores de la oposición, en aquel mapa político, decidió no concurrir a dichos espacios participativos para la ciudadanía. Después de eso, al entrar el proyecto a la cámara de diputados, denunciaron no tener el proyecto a discutir, cuando en realidad estaba en miles de manos y en cientas de mesas de debate a esa altura.
Si hubo por ese entonces una fuerte rosca por aprobar esa ley, los porotos estaban difíciles de juntar. Recordemos que el kirchnerismo venía del voto “no positivo” y de tener un rendimiento por debajo de lo esperado en las elecciones de medio término de 2009. Sin embargo, el Frente Para la Victoria corrió decididamente a discutir esa ley que pensaba fundamental.
Uno de los puntos centrales de esa ley era entender a la comunicación como bien público. Secundario a esa idea se encontraban las formas de democratización, acceso y desconcentración del mercado. Además tenía otra pata fuerte que era adecuar la normativa a las tecnologías por venir. Por eso la ley hablaba del triple play y de la posibilidad de que las telefónicas accedan al mercado audiovisual. Clarín puso el grito en el cielo, iba a tener competidores fuertes con poco gasto de inversión. Un grupo de legisladores, encabezados por Pino Solanas y Eduardo Lozano, hicieron ancla en este punto para negociar su voto a favor de la ley. Finalmente el lunes 14 de septiembre de 2009, Cristina Fernández de Kirchner, comunicaría la decisión de que las empresas telefónicas no iban a ser contempladas para ingresar en el negocio de los medios audiovisuales. Se sacrificó ese punto de la norma, para poder sacarla adelante (ver: http://www.lanacion.com.ar/1174489-marcha-atras-oficial-las-telefonicas-no-podran-acceder-al-mercado-audiovisual-con-la-nueva-ley-de-medios). La ley se aprobó con la promesa de agregar este tema a la agenda legislativa en un futuro próximo que nunca llegó.
Las cosas han cambiado. Lo sabemos. Desde el 10 de diciembre de 2015, esa ley discutida a lo largo y a lo ancho del país por distintos sectores de la ciudadanía, se cambia por decreto desde el ministerio que maneja el abogado cordobés Oscar Aguad, con la promesa de una ley en un futuro cercano. Las urgencias de los cambios son un guiño a los gigantes de las telecomunicaciones en una intención por recuperar el estatus quo previo a la “crisis del campo”, pero también un golpe simbólico a uno de los bastiones discursivos y de gestión del kirchnerismo.
El último día del año nos enteramos que a través de un decreto, sin debate ni audiencias públicas previas, el Ejecutivo Nacional autorizó a las compañías telefónicas a operar licencias de televisión por cable y a los cableoperadores a ingresar en el negocio de la telefonía celular. La medida entrará en vigencia en enero de 2018. Martín Becerra profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet explica que: “De este modo, Telefónica, Telecom y Claro podrán ofrecer tv cable en los grandes centros urbanos a partir de 2018, además de conseguir la postergación de las obligaciones contraídas en la licitación de espectro para 4G realizada a fines de 2014 y el Grupo Clarín blanqueará la controvertida compra de licencias de espectro en 2,5 Ghz. para usarlo en telefonía móvil con su empresa Nextel, vía reatribución de su empleo (“con compensación económica y uso compartido” dice el decreto), y brindará servicios 4G en menos de dos años en las ciudades más rentables. Con lógica de piñata en donde todos los participantes ligan algún caramelo, las telefónicas serían compensadas con bandas de espectro en 2,5 Ghz. Ambos participarán de una prometida licitación para la banda de 3.5 GHz que les permitirá explotar servicios 5G en el futuro”.
Por cierto, llama la atención el mutismo de los legisladores de la oposición respecto a este decreto.
El gobierno vuelve a cambiar las reglas de juego en materia de comunicaciones y quienes se especializaron en criticar las formas y en enarbolar las banderas del respeto a las instituciones, lo hacen a través de decretos. Hoy los medios populares, alternativos pasan a un rol marginal, para volver a proteger y empoderar a los gigantes de las telecomunicaciones.
Para más info leer:
https://www.pagina12.com.ar/12053-un-decreto-a-medida-de-los-gigantes-de-las-telecomunicaciones
https://www.pagina12.com.ar/12033-la-convergencia-de-las-comunicaciones-avanza-por-decreto
https://martinbecerra.wordpress.com/2017/01/02/a-falta-de-inversiones-lluvia-de-decretos/
