Tiempos interesantes para la vida de Internet y el uso de los datos supuestamente privados de los usuarios de páginas web, redes sociales y otros servicios en línea.
En los últimos 15 días, los navegantes recibimos una catarata de mails con el asunto «Actualizamos nuestra política de privacidad», donde las grandes empresas a cuyos servicios estamos suscriptos, nos informan que ahora nuestros datos están más protegidos, dándonos una buena noticia ante nuestro temor por el uso que hacen de ellos.
Lo que no nos dicen, o por lo menos no en la letra grande, es que no lo hacen por motivación propia sino porque los obliga la nueva regulación del parlamento europeo aprobada hace dos años; que el plazo para amoldarse a la ley vencía el 25 de mayo de 2018 y que las multas pueden ascender hasta al 4% de su facturación anual.
Una muestra de buena voluntad hubiese sido adaptar las normas apenas aprobado el Reglamento de Protección de Datos en 2016 y no especular durante dos años, mientras en medio saltaban escándalos por la venta de las bases de datos a políticos, empresas, estados, y un gran acting de Mark Zuckerberg y el parlamento estadounidense con llanto incluido al mejor estilo Andrea del Boca.
Según informa el blog de envialosimple con la nueva regulación las empresas no podrán usar términos y condiciones ilegibles, y extensas descripciones de carácter legal. La solicitud de consentimiento debe darse de forma fácilmente comprensible y de fácil acceso, además que debe ser tan simple aceptarlo como retirarlo luego. Además, ahora el usuario puede solicitar copia de sus datos, el uso que la empresa hace de ellos, la eliminación de los mismos.
Es importante destacar que esta legislación aplica solamente para los ciudadanos residentes en países de la Unión Europea. Sucede tambièn que para las compañías parece resultar más sencillo adaptar sus políticas para todo el espectro de usuarios que restringirlas un espacio geográfico determinado, lo que indirectamente beneficia a quienes vivimos en latinoamérica y cuyos gobiernos no dictan regulaciones que perjudiquen a los grandes monopolios de la información, con excepción de las cargas impositivas, claro está.
