El despertar de discursos que parecían fuera del universo simbólico argentino no descansa. Ahora, entre la «preocupación por la pobreza«, el llamado de atención sobre la «creciente desocupación» y los mensajes en pos del cierre de «la grieta«, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) desempolvó una de sus conceptos más añejos: el de la «reconciliación nacional«. Increíblemente, o no tanto, cuando el Papa Francisco ordena al Vaticano dar a conocer documentos y hasta los Estados Unidos abren archivos y le corren el velo un silencio de mas de cuarenta años, los obispos argentinos se proponen un «itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro«.
Intentar el abrazo entre asesinos y víctimas es una inaudita idea que existe en la Argentina desde los finales mismos de la dictadura impulsada por los propios grupos que apoyaron y sostuvieron a los militares en el plan de destrucción que encabezaron entre mediados de los setenta y comienzos de los ochenta. Una parte muy importante y representativa de la Iglesia Católica ha insistido con este reclamo al que también se plegaron fuerzas políticas, organizaciones sociales y, también, sectores de la Justicia. Con el paso de los años, la lucha histórica del movimiento de derechos humanos, la adhesión a los tratados internacionales en la materia y la decisión política que desde el 2003 impulsó el juicio y castigo a los responsables, los deseos de impunidad fueron quedando relegados. En su lugar, avanzaba la Justicia. En los Tribunales Federales con sede en cada una de las provincias argentinas fueron juzgados y condenados cientos de militares, policías y civiles que participaron del aparato represivo de la última dictadura. Ninguno mostró ningún tipo de arrepentimiento. Nadie nunca, desde el banquillo de los acusados, dijo algo sobre el paradero de los desaparecidos ni de los nietos apropiados. Algunos, incluso, decidieron acabar con su vida horas antes de que los juicios comenzaran. Así guardaron silencio y aportaron a la impunidad eterna. La suya y la de sus compañeros de armas. Del otro lado, las víctimas prestaron sus testimonios en cada uno de los procesos, se expusieron nuevamente y recordaron torturas, violaciones y vejaciones de todo tipo en pos de alcanzar una justicia que no por lenta dejará de ser necesaria. Las abuelas restituyeron la identidad a 122 nietos. La Justicia condenó a los responsables. Que no son todos, claro, pero entre los que también hay representantes de la Iglesia.
«Una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones; con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de nuestros hijos. A través del Movimiento Familiar Cristiano se blanquearon como “adopciones” lo que en realidad fueron apropiaciones de, al menos, dos de nuestras nietas. En abril de 2015, luego de la visita de Estela de Carlotto al Vaticano, el Papa Francisco ordenó la apertura de los archivos secretos de la Iglesia Católica: unas 3000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, con pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos y reclamar gestiones ante las autoridades» dice el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo que despeja dudas y se posiciona en contra de la idea de Arancedo y compañía.
«Reconciliar» como se pretende desde el grupo de obispos que comandan la iniciativa significaría violar tratados internacionales con rango constitucional a los que la Argentina ha adherido desde hace tiempo. Los juicios deberán continuar porque la ley lo exige, porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y porque los militares y civiles que actuaron durante la dictadura usaron el aparato estatal para el exterminio de una generación de compatriotas que consideraban un estorbo en su proyecto de país.
Como se dijo, se pueden rastrear estos intentos de restitución de impunidad a lo largo de los últimos 14 años. La pregunta sería por qué ahora. Más allá de la estigmatización que han sufrido algunos referentes del movimiento de derechos humanos, gran parte de la sociedad argentina parece haber entendido que los caminos de la justicia sólo se construyen rompiendo las estructuras de impunidad que se levantaron durante años. Sería raro pensar que alguien pudiese sacar algún tipo de provecho de esta movida de la Conferencia Episcopal. Salvo aquellos, claro, que tuvieron alguna responsabilidad y que han logrado mantener un estado de impunidad con base al poder que aún mantienen desde épocas dictatoriales. Quiénes serán los represores que se sienten con los representantes de la Iglesia. Qué hará la Justicia ante el llamado de los obispos. Qué harán y quiénes serán las víctimas que se presten a tamaña puesta en escena. Qué hay detrás de todo este asunto que, incluso, contradice la actitud que sobre el tema ha tenido el propio Papa Francisco desde su llegada al Vaticano. Qué dirá el gobierno nacional. Qué el Secretario de Derechos Humanos. Qué el Presidente.
Todo es tan raro como indignante.
