En unos días, el gobierno de Mauricio Macri cumplirá un año de existencia. En términos ordinarios, las sesiones en el Congreso Nacional han finalizado su actividad el pasado miércoles. De aquí en más, las sesiones extraordinarias de diputados y senadores tratarán solamente los temas que imponga el Poder Ejecutivo. El impuesto a las ganancias, la promesa de todos los candidatos en tiempos electorales, otra vez se pone a la cabeza de la discusión política nacional.
El Congreso «adverso»
Una de las grandes dudas que acompañó el resultado electoral que consagró a Macri como Presidente en la segunda vuelta electoral de noviembre del 2015 era la forma en que la nueva gestión manejaría el desafío de tener que gobernar con un Congreso totalmente adverso. Cambiemos manejaba apenas un tercio de las voluntades de la cámara baja y un quinto del senado. Con el paso del tiempo, la alianza gobernante empezó a caminar con una seguridad impensada en la previa. Los operadores legislativos oficialistas suelen ufanarse de ese logro. El bloque mayoritario del Frente para la Victoria se fragmentó y una de esas facciones se convirtió en el peso exacto que la balanza macrista necesitaba para avanzar en su cometido. El bloque justiticialista referenciado en Diego Bossio fue, junto al Frente Renovador, el principal aliado para que Cambiemos avance con las leyes que entendía como urgentes. El acuerdo con los fondos buitre fue la punta de lanza. Allí también sumaron sus voluntades algunos legisladores del peronismo y bloques provinciales menores. Macri (en realidad, Emilio Monzó, Nicolas Massot, Rogelio Frigerio y Marcos Peña) conformó una mayoría que, aún hoy, anda en sus pasos disfrazada de minoría. Ninguna negociación parlamentaria le representó demasiados problemas. El discurso se unificó de modo evidente. Las nuevas normas, centradas principalmente en reformas en materia de justicia y economía, se aprobaron con facilidad. La llamada reparación histórica a los jubilados (un radical cambio de lógica y funcionamiento en el sistema previsional argentino), las leyes de arrepentido y la extinción de dominio, el blanqueo de capitales, son sólo algunas.
Fueron tan sólo dos, los escollos parlamentarios que tuvo que afrontar el oficialismo. Uno terminó en veto. La emergencia laboral fue aprobada por iniciativa conjunta del Frente Renovador y el Frente para la Victoria ante la creciente preocupación planteada por los despidos que se repetían en el ámbito público y el privado a lo largo de todo el país. Tras el pataleo empresarial y la decisión política del gobierno de mantener la postura de “achicar el Estado” fueron más importantes que los reclamos laborales y la voluntad mayoritaria del poder legislativo. La CGT amenazó con parar, no paró. El Frente Renovador jugó al ofendido, pero terminó aceptando el accionar presidencial que sirvió para marcar un precedente claro con respecto a las potenciales iniciativas futuras opositoras. La otra, más reciente, fue la que frenó la reforma electoral pretendida por el Ejecutivo. Pero el dato político advierte que la Argentina no avanzó en la aplicación del voto electrónico porque los gobernadores se le plantaron a Macri a través de sus representantes en el Senado y evitaron modificar el sistema electoral que, ellos saben, funciona correctamente en cada uno de las provincias que administran. De esa manera, otro mensaje quedó claro hacia el futuro. El poder territorial es el que tiene la fuerza necesaria para marcar los límites a la oleada de cambios que pretende la administración nacional. El resultado de la discusión tuvo, entonces, una definición marcada por la impronta federal del sistema político de nuestro país y no por una modificación en la actitud nacida de la voluntad de los legisladores opositores. De hecho, la norma había pasado por éxito entre los diputados.
Las cartas por jugar
El año 2017 va a ser un año fundamental para el proyecto que hoy toma las riendas del Estado. Cambiemos tendrá el desafío de poder afianzar el apoyo popular que necesita, entre otras cosas, para no depender de nadie para aprobar las normas que necesita para aplicar su plan de gobierno. Ni el alfonsismo, ni el menemismo, ni el kirchnerismo tuvieron un resultado adverso en las elecciones parlamentarias que les continuaron a sus consagraciones presidenciales. Si tuvo ese revés la Alianza, y todos sabemos cómo terminó la historia. El peronismo, representado en la figura de Eduardo Duhalde, ganó la presidencial siguiente. Parece que Sergio Massa ha tomado nota. Y, otra vez, ordenó a su bloque tomar la iniciativa parlamentaria para imponer en la agenda de las extraordinarias dos temas que el oficialismo buscaba patear para el año próximo. El impuesto a las ganancias y la emergencia social. Habrá que ver cómo termina este primer capítulo de la historia de Macri Presidente. Puede el Frente Renovador intentar mostrar una fortaleza que no ha manifestado hasta el momento o puede volver a negociar como lo ha hecho hasta ahora. Es decir, aprobar normas mucho más parecidas a los proyectos de Prat Gay que a los de Marco Lavagna. Los analistas lo advierten. Más allá de la iniciativa, la culminación del proceso puede repetir la foto constante del 2016. Esa que muestra al oficialismo sonriendo luego de cada sanción que se obtiene por vía legislativa en el Congreso de la Nación.
Las elecciones del 2017 marcarán muchas cosas en el devenir nacional. En futuro inmediato de la Argentina. Pero hay una que es eminentemente legislativa. Al conocer los resultados sabremos si el macrismo continúa gobernado con una mayoría propia transparente o, como lo ha hecho hasta ahora, con esta mayoría opaca disfrazada de minoría negociadora.